Atraer a las personas de escasos recursos, que no están bancarizadas o que no pueden tomar créditos en entidades financieras, son las nuevas víctimas de organizaciones que se dedican a cometer este tipo de maniobras delictivas.

Wenance es una compañía financiera que se dedica a entregar préstamos o a financiar consumos (electrodomésticos y motos) a segmentos de la población sub-bancarizados, de alto riesgo crediticio, a quienes les cobra tasas de interés superiores a las de los bancos. Para financiarse, obtenía fondos de fideicomisos privados, con la promesa de retornos elevados a quienes invirtieran en estos instrumentos.

Su creador y CEO Alejandro Muszak fue detenido por orden de la Justicia. Fue acusado de haber cometido más de 500 estafas. Entre ellos hubo varios tucumanos. “La ganancia de Wenance S.A. estaba en el spread que pagaba a los inversores de sus fideicomisos que a fines del 2022 llegaba al 80% y a principios de este año al 140%, mientras que a sus clientes cobraba una tasa efectiva que oscilaba entre el 400% y el 600%, en muchos casos”, explicó Jaime Roig que representa a los comprovincianos afectados. “Son como 20, entre empresas y personas”, añadió.

El profesional explicó que ll opera a la distancia, de manera informal, mediante el intercambio de correos electrónicos, los inversores de todo el país no cuentan con los instrumentos originales, como los Certificados de Tenencia Global de Valores de Deuda Fiduciaria que, como título ejecutivo, deben presentarse en físico, con la firma de su emisor para que el reclamo pueda prosperar de manera ágil. “Conseguimos que se dictaran las órdenes de embargo de cuentas bancarias en contra de Wenance S.A. y Promotora Fiduciaria S.A. pero estas no tenían fondos, de acuerdo con los informes del Banco Santander. La Justicia denegó el embargo de las cuentas de Muszack, lo que dejó desprotegidos a los inversores locales”, detalló.

Elección

El otro caso fue conocido como la causa de “Moto cuotas”. Se trataba de una entidad que brindaba créditos a personas sin recursos que pretendían comprar una motocicleta. Según la acusación que realizó el fiscal Mariano Fernández, el acusado Juan Matías Albano Szantos recibía un anticipo en efectivo y cuotas para entregar el rodado. Los primeros meses pudo cumplir con lo pactado, pero después ya no. El juez Eduardo González le dictó la prisión preventiva en abril pasado, medida que está cumpliendo con la modalidad de arresto domiciliario.

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“Esta es una prueba contundente de que hay personas que están dispuestas a realizar cualquier tipo de maniobra para quedarse con el dinero ajeno”, explicó Javier Lobo Aragón, representante de una de las víctimas. “No sólo hacen un estudio de mercado para elegir a la gente que tratarán de embaucar, sino que además abren locales en lugares céntricos para no evitar sospechas”, añadió el profesional.

La última

“Soy un empresario de bien, no quise hacer daño a nadie”, declaró Sebastián González, presidente de la financiera Soramus S.A que fue procesado por haber cometido una millonaria estafa. “Vengo a pedir que se me trate como un empresario que entró en cesación de pagos por la situación económica del país post pandemia. Entiendo el daño patrimonial que le generé a los inversores, no lo hice de gusto. No pude soportar la crisis en la que estaba Argentina”, sostuvo antes que un juez le dictara la prisión preventiva por dos meses

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La auxiliar Paula Bellomio, siguiendo las instrucciones de la fiscala María del Carmen Reuter, elaboró una teoría del caso. González recibía el dinero de los inversionistas ofreciéndo entre uno y dos puntos más de interés a cualquier banco. Con los fondos que captaba, se lo habría cedido a una o varias mutuales para que los prestaran a cambio de un suculento interés. Pero por diferentes razones, no pudo cubrir los depósitos que había recibido y dejó de pagar.

“Lo importante es que ahora se investiga, se detiene, se imputa, se lleva a juicio y se condena a las personas que cometen este tipo de delitos. Cuando la modalidad ‘se pone de moda’ aparecen los estafadores para aprovecharse y quitar el dinero de la gente mediante engaños y promesas inviables”, explicaron José María Molina y Patricio Fresia, representantes de varias víctimas de Soramus.

“Son delitos que debemos prestar mucha atención, quienes lo cometen, al menos los que figuran, tienen pleno conocimiento e intención de lo que hacen. Las condenas deberían ser ejemplares para que el próximo lo piense dos veces antes de hacerlo”, finalizaron los penalistas.